Mariana Caminotti*
En Argentina, el 22 de octubre de 2023 será una fecha atravesada por grandes desafíos y riesgos muy concretos para los feminismos, los activismos LGBTIQ+ y los movimientos de derechos humanos. Lo que está en juego en la próxima elección nacional no es solo un conjunto específico de políticas públicas, sino el estatus mismo de los derechos de ciudadanía y su garantía estatal.
Como cada jornada electoral, a primera hora abrirán las mesas de votación de una contienda presidencial en la cual, por primera vez en 40 años ininterrumpidos de democracia, un candidato autoproclamado “libertario”, fanático del mercado como único mecanismo legítimo de coordinación social, que niega el terrorismo de Estado y la desigualdad de géneros tiene chances de ganar en primera vuelta o de pasar al ballotage. En todas las proyecciones conocidas Javier Milei y su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel (La Libertad Avanza, LLA) transitarán alguno de esos dos escenarios. Existen numerosos y lúcidos análisis que ayudan a entender cómo llegamos hasta aquí.
La elección del 22 de octubre coincidirá con una fecha cargada de sentido para la democracia argentina: el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que reconoce a las Abuelas de Plaza de Mayo y su lucha incansable en la búsqueda de niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Aunque no se conoce el número preciso de víctimas del genocidio, la cifra de 30.000 da cuenta de la sistematicidad de las desapariciones forzadas.
En el primer debate presidencial rumbo a la elección general, además de cuestionar la existencia de 30.000 personas desaparecidas, Milei manifestó que en los años setenta del siglo XX la Argentina atravesó una “guerra” en la cual las fuerzas armadas cometieron “excesos”, empleando los mismos argumentos utilizados por los genocidas para intentar evitar su juzgamiento.
En estos últimos 40 años, la idea de que el terrorismo de Estado no fue “una guerra”, sino la aplicación de un plan metódico de exterminio con centros clandestinos de detención, tortura, robo de bebés y violencia sexual, fue parte del acuerdo democrático mayoritario de la sociedad. Ese acuerdo está hoy en disputa.
Con mayor intención de voto entre los varones, el candidato de LLA se manifestó en múltiples tribunas en contra del aborto legal, seguro y gratuito (ha llegado a sugerir la posibilidad de derogar la ley que tanto costó lograr); homologó la Educación Sexual Integral al “adoctrinamiento” ideológico y la destrucción de la familia; desconoció la brecha de ingresos y los femicidios; y prometió eliminar las políticas de género y diversidad si consigue gobernar el país (la enumeración podría ser más extensa).
Pero la negación de hechos tan palpables como la violencia o la desigualdad económica en razón del género no es muestra de desconocimiento: es un arma política para instalar ideas que deslegitiman demandas de derechos de las mujeres y la diversidad sexual, pero también el derecho a la identidad, a disfrutar de un ambiente sano, a recibir educación y salud pública de calidad, a soñar con un país más justo.
En suma, las ideas y las estrategias discursivas del candidato de LLA no operan en el vacío, ni pueden entenderse de manera aislada. Su programa forma parte del auge global y regional de movimientos y discursos radicalizados y profundamente anti-igualitarios que utilizan la desinformación para proponer una visión idealizada de futuro que, en los hechos, será directamente inalcanzable y excluyente para numerosas personas. El final es abierto.
*Investigadora del Instituto de Investigaciones Políticas (UNSAM-CONICET). Profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Integrante de la Red de Politólogas #NoSinMujeres.
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